Las acusaciones del PP al PSOE de defender "las barricadas" en detrimento del diálogo y la respuesta de los socialistas, responsabilizando al Gobierno de la situación de conflictividad en la minería asturiana han centrado el debate.

El PP estuvo apoyado por sus socios nacionalistas y tuvo en contra a los tres grupos proponentes, además del Grupo Mixto y Coalición Canaria. En este debate, ni el PNV ni CiU pidieron la palabra para exponer su postura

Según dijo el portavoz socialista, Luis Martínez Noval, la Comisión Europea no tiene competencias para imponer a ningún país miembro una reducción de plantilla o un descenso de la producción minera, por lo que el PSOE recomendó al PP que no ceda en su defensa del plan que el Gobierno consensuó con los agentes sociales.

En este sentido, los socialistas ofrecieron al Gobierno su apoyo para enfrentar a la Comisión Europea en caso de que esta pretendiera reducir las ayudas comunitarias al Plan del Gbierno, y recomendó al Ejecutivo acudir a los tribunales para defender su postura.

Según el diputado de IU, Mariano Santiso, "el Gobierno está tratando de parapetarse en la Unión Europea para abordar una reducción de puestos de trabajo, de la producción y de las ayudas, con el fin de renegociar" el acuerdo alcanzado con los agentes sociales.

Santiso criticó también la actuación desmesurada de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el conflicto minero de las últimas semanas, por lo que anunció quepedirá responsabilidades próximamente.

Por su parte, la portavoz del PP Mercedes Fernández González, expresó el pesar de su grupo por la muerte de un minero asturiano "en un marco de conflictividad y enfrentamiento que no queremos compartir".

Fernández criticó a los grupos parlamentarios que han mostrado su apoyo y han dado amparo "a quienes han preferido abandonar la mesa de negociación para instalarse en la barricada. Nada más demagógico y desajustado con la realidad que responsabilizar al Gobirno de los enfrentamientos".

Estas afirmaciones de la portavoz popular encontraron el rechazo de los socialistas, que argumentaron que a los mineros asturianos no les ha quedado otro remedio que la protesta ante la negativa del Gobierno a negociar.