Carlos Bravo, responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace, manifestó hoy en rueda de prensa que estos datos convierten a las minas en un armamento de destrucción masiva.

l documento señala que una de cada nueve víctimas son civiles, ya que este tipo de armamento produce más daños durante los años siguientes a un conflicto bélico que durante el mismo. En Camboya han mutilado a uno de cada 236 habitantes, en Angola a uno de 470, en Somalia a uno de cada 650 y en Uganda a uno de cada 1.100.

Estados Unidos llegó a desplegar decenas de millones de minas en Vietnam, Camboya y Laos con motivo de la guerra de Vietnam y la antigua Unión Soviética empleó más de diez millones deminas en la guerra contra Afganistán.

Sin embargo, no sólo las grandes potencias utilizan este armamento de forma masiva. Irak lo hizo en la Guerra del Golfo, las distintas fracciones enfrentadas en los Balcanes lo hacen en la ex Yugoslavia y la lista se amplía a países como Eritrea, Etiopía, Armenia, Liberia, Zimbabwe, Tailandia, Nicaragua y El Salvador.

1.000 PESETAS LA UNIDAD

Esta dispersión y abundancia está motivada en parte por el precio de las minas. Ricardo Aguilar, de Greenpeace, afirm que se pueden adquirir en el mercado de armamento por un precio cercano a las mil pesetas, aunque las más sofisticada se encarecen considerablemente.

Pese a ello, este sector de la industria armamentística mueve alrededor de tres billones de millones de pesetas al año, cifra que, según Aguilar, se duplica en años en los que se producen conflictos bélicos importantes.

Entre las empresas que fabrican y venden este tipo de armas se encuentran las españolas Explosivos Alaveses, que pertenece a UniónEspañola de Explosivos, Explosivos de Burgos y Fabricaciones Extremeñas.

Greenpeace acusó hoy a estas empresas de no respetar la moratoria relativa a la exportación de minas anti-personales que España asumió en 1994 y podría prorrogar este año.

Por ello, la organización ecologista ha pedido al Gobierno español que prohiba la producción, uso, comercialización, exportación y almacenamiento de todas las minas terrestres; el desmantelamiento y destrucción de las que están en poder de las Fuerzas Armaas y los fabricantes; la asunción de los costes de limpieza de campos de minas por parte de las industrias productoras y la implantación de ayudas destinadas a las poblaciones afectadas.

Según el informe de Greenpeace, los trabajos de desactivación de minas realizados por profesionales causan una víctima por cada 5.000 minas, por lo que la desactivación de todas ellas podría suponer la muerte de unos 40.000 profesionales.

Estas denuncias y todos los aspectos ligados a la producción y uso de estasarmas acapararán la atención del Parlamento Europeo durante hoy y mañana. Los debates servirán para preparar la sesión plenaria que se celebrará en la Eurocámara antes de la celebración de la convención sobre armas inhumanas que se celebrará el próximo mes de septiembre.