La colaboración entre el Seprona y las organizaciones ecologistas ha permitido aumentar el control y la persecución de estos deitos en los últimos meses. No en vano, la colocación de cebos envenenados puede ser castigada con penas de hasta dos años de prisión.

El comandante del Seprona Jose María Herrero manifestó hoy en rueda de prensa que en 1997 este servicio de la Guardia Civil detuvo a 12 personas como presuntos autores de delitos relacionados con envenenamientos de animales en cotos de caza, fincas privadas, explotaciones ganaderas o agricolas y montes de utilidad pública.

Este año, la Guardia Civil ya ha detenidodiez personas y está investigando otros veinte casos, por lo que el número de actuaciones aumentará respecto a ejercicios anteriores.

El comandante Herrero declaró que la colocación de cebos envenenados no sólo constituye un peligro para las especies animales, algunas en grave peligro de extinción, sino para la salud pública y los animales domésticos que habitan en zonas en la que se utiliza este método de eliminación de depredadores.

El uso de venenenos en el medio rural se utiliza en algunos ctos para reducir la presión de los depredadores sobre las especies cinegéticas, y en explotaciones agrarias y ganaderas para proteger las cosechas y ganado de los animales que se consideran peligrosos.

Sin embargo, Juan Criado, portavoz de las organizaciones ecologistas que trabajan en el Programa Antídoto, señaló que esta práctica ilegal no sólo causa estragos entre los depredadores, sino también entre las especies cinegéticas.

DETENCIONES

La puesta en marcha, a finales del año pasado de este rograma, ha permitido aumentar la presión sobre los autores de este tipo de delito. En Piraces, en Huesca, la Guardia Civil detuvo a dos personas acusadas de haber envenenado un coto de esa localidad, tras encontrar diez bolas de carne que contenían productos tóxicos, y en Nambrona (Toledo), el Seprona recogió siete montones de huevos tóxicos de codorniz y paloma y detuvo al guarda de la finca tras hallar más huevos envenenados en su vehículo.

La incidencia de los venenos varía de unas comunidades autnomas a otras. Castilla-La Mancha, donde se detectaron 103 casos en los últimos tres años, es la región que lidera la lista de envenenamientos.

Le siguen Aragón con 85 casos, Castilla y León con 72, Baleares con 48, Andalcuía con 41, Madrid con 39, Extremadura con 17, Valencia con 16, Navarra con 10, País Vasco con 8, Catalua con 7, Asturias con 5, La Rioja con 4, Galicia con 3, Murcia con 2 y Canarias con 1. En alguna comunidad, como Cantabria, no se ha detectado ningún caso, pero las organizaciones cologistas cuentan con menos colaboradores dedicados a la detección de cebos.

Por especies, las más castigadas son las rapaces, ya que murieron envenenados 130 buitres negros, 60 águilas imperiales y 8 quebrantahuesos, especie en grave peligro de extinción en la península ibérica, aunque el veneno también afecta a mamíferos como el zorro, el lobo, la gineta e incluso el jabalí.

Las organizaciones ecologistas que participan en el Programa Antídoto -Coda, Fapas, BVCF, Grefa, Secem, Fundación para l Conservación del Quebrantahuesos, Seo/BirdLife y WWF/Adena- reclaman a los jueces mayor sensibilidad en el tratamiento de estos deligos para evitar que queden impunes.