La nueva reglamentación diseñada por el Gobierno está inspirada en el modelo que ya se aplica en maeria de personal en otros ejércitos europeos o miembros de la OTAN. La profesionalización de las Fuerzas Armadas prevista para antes del año 2003 ha obligado al Ejecutivo a reajustar el marco de relaciones entre los militares y el Estado, así como sus funciones, deberes y derechos.

La reciente creación de la llamada Asociación de Militares Españoles (AME), que cuenta con unos cinco mil socios, ha puesto de manifiesto la necesidad de articular dicho marco de relaciones entre ambas partes. La AME reclam el derecho de asociación de los militares en los términos previstos en otras normativas que afectan a ejércitos europeos.

Sin embargo, el Gobierno fundamenta su negativa a ampliar el abanico de derechos del colectivo militar en el artículo 181 de las Reales Ordenanza de las FAS, aprobadas en 1978 por el Parlamento, según la cual los militares "no podrán participar en sindicatos y asociaciones con finalidades reivindicativas". La AME se ha dirigido en reiteradas ocasiones al presidente del Gobierno, Jsé María Aznar, solicitando la derogación de dicha normativa.

Este tema centrará buena parte de los debates parlamenarios previstos a partir de mañana en la Comisión de Defensa. El PP sustentará su oposición al respecto en el propio pronunciamiento que hizo en su día el Gobierno cuando presentó el anteproyecto: "Respecto al régimen de derechos de los militares profesionales, se considera que está adecuadamente regulado en las Reales Ordenanzas para las FAS", informó en una nota oficial el Consejo de Mnistros el 12 de junio de 1998.

No obstante, la futura ley de Régimen de Personal prevé la creación de consejos asesores que estarán integrados por representantes de todas escalas militares elegidos democráticamente por todos y cada uno de los miembros de las FAS. La función de dichos consejos, que tendrán carácter fundamentalmente consultivo, se limitará a "analizar y valorar las propuestas y sugerencias referidas al régimen de personal y a la condición de militar".

Sin embargo, estos nuevos órgnos de representación no podrán tratar asuntos relacionados con la disciplina o la justicia militar. Tampoco admitirán la profesionalización como tales de los representantes que resulten elegidos; la creación de asociaciones reivindicativas o la realización de campañas electorales para promocionar desde distintos sectores a sus delegados en los consejos.

MUJER

Otro aspecto singular que prevé el proyecto de ley se refiere al papel de la mujer en el seno de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con lo previto, y en ello parece estar garantizado el consenso político, las mujeres soldados podrán acceder a cualquier destino en el Ejércto y estar, si así fuera necesario, en primera línea de combate.

Para el ingreso en los centros docentes castrenses, en el sistema de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo que aquellas derivadas de las distintas condiciones físicas que puedan considerarse en el marco de exgencias para su entrada en el Ejército.

Esto es, de acuerdo con la nueva norativa, que Defensa establecerá diferencias en las pruebas de ingreso para hombres y mujeres, pero no tendrá en cuenta las condiciones físicas exigidas a la hora de determinar su destino en una unidad militar determinada.