Díez recuerda que Milans del Bosch, uno de los militares de mayor graduación implicados en la intentona golpista del 23-F, no tenía ya dicha condición, al haber sido condenado a 6 años y ocho meses de prisión, y expulsado del Ejército por un delito de rebelión.

Tras señalar que el Alcázar de Toledo es un edificio propiedad del Estado administrado por el Ministerio de Defensa, el parlamentario socialista añade que "es sorprendente para la mayoría de la población española que en una instalación pública de esta naturaleza, de carácter militar, se dé pábulo al uso de la discriminación y el privilegio en un país que ha superado el trauma de la Guerra Civil con la reconciliación delos españoles, que se transmite a través de la Constitución".

Díez afirma que "el hecho de que un civil condenado por atentar contra la Constitución Española tenga el honor de descansar en un edificio público que no puede ni debe ser bandera de nada ni de nadie es más que incomprensible, un arcaísmo propio de la España preconstitucional".

Tras esta exposición, el senador plantea al Gobierno si no considera necesario que el Alcázar de Toledo no sea utilizado con los criterios que inspiraban los coportamientos de la España preconstitucional, al tiempo que requiere su opinión respecto a si no cree que los edificios públicos, y más en este caso, son patrimonio, sin discriminaciones y privilegios, de todos los españoles.

Asimismo, está interesado en conocer las medidas que tiene previsto adoptar el Ejecutivo para adecuar el uso del Alcázar de Toledo a los comportamientos inspirados por la Constitución y la reconciliación de los españoles.