En declaraciones a Servimedia, Hurtado precisó que el plan de reparación integral presentado este martes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para las víctimas de pederastia clerical "es un plan descafeinado, con graves lagunas y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y del contribuyente".

"En primer lugar consagra el rescate económico a los obispos", pues "asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación será el Estado quien pague la factura de la pederastia en la Iglesia". "Diez años después de que los españoles rescataráramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos", comparó.

En segundo lugar, según Hurtado, la propuesta de Bolaños "traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones". "El Gobierno propone una mínima ampliación del plazo de prescripción civil que deja a la mayoría de las víctimas de pederastia en la estacada", dijo a Servimedia.

"En tercer lugar se niega a establecer un baremo específico de indemnización para las víctimas de pederastia clerical como hizo el gobierno irlandés", analizó el psiquiatra, que aseguró que "el único baremo de indemnización que hay en España es el de Tráfico que infravalora el daño y por tanto la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho". "El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas", prosiguió la víctima.

Por último, "el Gobierno se niega a impulsar garantías de no repetición como la imprescriptibilidad penal para que en el futuro los pederastas vayan a prisión sin poder alegar el privilegio que su crimen está prescrito". Hurtado acusó en este punto al Ministerio de Justicia y el de Infancia de negarse "de forma reiterada a reunirse con los activistas catalanes que han impulsado la propuesta de ley de imprescriptibilidad que el Parlament de Cataluña mandó a Madrid en febrero".