Esta iniciativa tiene como fin que todos los extremeños sepan cuánto ganan sus representantes políticos y que exista un control sobre un posible lucro ilícito. El texto de la futura ley prevé que será a Asamblea autonómica quien ejerza ese control sobre las rentas y bienes de los consejeros y altos cargos de la Junta.

La promulgación de esta ley fue una de las 11 propuestas realizadas por el presidente de la Junta extremeña, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en la sesión de investidura celebrada el pasado mes de julio y fue acogida con satisfacción por toda la oposición.

De hecho, su aprobación está prácticamente garantizada, ya que todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, IU y Coalición Extremea) se han mostrado favorables a la misma. Además, esta medida ya había sido solicitada por Izquierda Unida en la pasada legislatura.