Juan Serna, Santiago Martín Barajas y Juan Manuel Ruiz García señalaron que en la reunión que mantendrá el próximo día 20 el pleno del Consejo Nacional del Agua ralizarán "una llamada de atención" al ministro de Obras Públicas, José Borrell, y solicitarán una revisión del plan hidrológico.

Sin embargo, la mayoría del pleno, en el que están representados administraciones, agricultores, regantes, consumidores, ecologistas e industrias, otorgará su visto bueno al documento, que será remitido al Gobierno para que estudie las alegaciones y propuestas formuladas por el consejo nacional.

Sólo los ecologistas y las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Manha y Castilla y León (a las que corresponderá trasvasar los mayores volúmenes de agua) mostrarán su total disconformidad con el texto.

ENFRENTAMIENTO REGANTES-ECOLOGISTAS

Santiago Martín Barajas aseguró hoy en rueda de prensa que el Ejecutivo ha utilizado la polémica surgida en relación a la creación de nuevos regadíos para enfrentar a ecologistas y regantes.

Para Santiago Martín, los agricultores no se beneficiarán de los nuevos embalses previstos en el plan hidrológico, ya que los nuevos regaíos que el Gobierno tiene previsto poner en marcha "ya cuentan con sus respectivos pantanos".

Asimismo, indicó que los responsables de las políticas hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas "defienden las mismas ideas, tesis y políticas que imperaban en 1950 en materia de aguas".

Según Juan Manuel Ruiz, autor del documento "25 propuestas para mejorar el Plan Hidrológico Nacional", elaborado por el Centro de Investigaciones para la Paz (CIP), "estamos ante un plan que no beneficia a la socieda. Beneficia a los industrias, a los agricultores más ricos y a las grandes constructoras, pero no a la sociedad".

"El Plan Hidrológico Nacional", agregó, "costará unos 7 billones de pesetas, cantidad similar a la que se considera necesaria para abastecer de agua potable a los 1.200 millones de personas (del Tercer Mundo) que no tienen acceso a este recurso".

Por su parte, Juan Serna manifestó que la política hidráulica que desarrollan las administraciones ha motivado que surja un importante negoco especulativo "alrededor del tema del agua".

"Una hectárea que se va a transformar en regadío", explicó, "se puede revalorizar hasta en un millón de pesetas cuando se tiene la certeza de que la transformación se va a producir".