La que ha sido la octava reunión de esta comisión, en la que están representados Gobierno y oposición, ha concluido con acuerdos básicos sobre la reforma de la oficina judicial, la nueva regulación del acceso a la profesión de abogado, avances en la implantación de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y la puesta en marcha de los jucios rápidos.

Las mayores objeciones lasplanteó el PSOE cuyo portavoz, Juan Fernando López Aguilar, reiteró que los Presupuestos Generales el Estado para 2003 no cubren las necesidades de financiación de las medidas de reforma.

Los socialistas sostienen que el incremento presupuestario para el departamento de Justicia previsto para 2003 es del 5,5 por ciento, y no del 8,5 por cien, como defiende el Ejecutivo.

Esto significa un manifiesto incumplimiento de los acuerdos del Pacto sobre la Justicia, cuyas medidas de modernización requeriran inversiones de unos 30.000 millones de euros durante al menos 8 años y que ni en 2002 ni en 2003 se van a producir, según López Aguilar.

CALCULOS ARTIFICIOSOS

Mientras el portavoz socialista consideró que los Presupuestos "no son creibles porque hacen cálculos artificiosos y están basados en el engaño", el ministro de Justicia afirmó que los recursos con los que cuenta su departamento son "suficientes" para abordar las reformas previstas el próximo año.

Según Michavila, no sólo "hay más recusos" en su departamento, sino que además "se van a gastar mejor", lo que permitirá que "las cuentas cuadren".

Por su parte, el portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva, se manifestó "optimista" ante la posibilidad de que se puedan alcanzar acuerdos concretos antes de la reunión de la comisión sectorial, que está prevista para dentro de dos semanas.

CiU está especialmente interesada en conseguir que las comunidades autónomas con bagaje legal y lengua propios puedan examinar en su propia lengua y sn salir de sus límites territoriales a los aspirantes a abogados, así como la participación directa en la constitución de las oficinas judiciales.

VIGILANCIA PENITENCIARIA

El titular de Justicia explicó también que su departamento sigue trabajando en la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional, que sea el responsable de seguir el cumplimiento de las sentencias allí dictadas.

Michavila insistió en que esa medida es contemplada como "muy razonable" y positiva, pesto que se trataría de un magistrado "especializado" en determinado tipo de casos, como lo son el resto de los jueces destinados en la Audiencia Nacional.