Según Metored, "difícilmente puede hablarse de una vulneración del principio de libre competencia puesto que, de dicho convenio, no sólo no se deriva obligación alguna para el Consistorio, sino que la suscripción del mismo significa la cesión gratuita de una infraestructura (creación de una red de telecomunicaciones de fibra óptica) valorada en 500 millones de pesetas, liberalidad que, por su propia naturaleza, queda excluída de concurso".

En cuanto a la implantación de infraestructuras para redes de telecomuncaciones, Metrored consideró que "no hay ningún impedimento para que, los Ayuntamientos, en el ejercicio de las funciones que les son propias, creen un servicio municipal que racionalice y facilite, en condiciones de igualdad, la implantación de redes de telecomunicaciones de todas aquellas operadoras que lo soliciten".