La proposición de ley del PNV, registrada junto a otras cuatro el 29 de agosto, pretendía añadir al artículo 55bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a los aforamientos, un apartado segundo que sumaría un tipo de delitos a las competencias de las Salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo, lejos de los tribunales de primera instancia.

"También conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el Rey o Reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado”, habría rezado el nuevo apartado en caso de que la iniciativa del Grupo Vasco hubiera sido aprobada en las Cortes. Sin embargo, no tendrá ocasión ni siquiera de debatirse, porque la Mesa del Congreso, según un acuerdo que aprobó ayer y envió esta tarde al PNV, no ha admitido a trámite la propuesta.

"De un examen liminar de la misma se desprende que invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquélla se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una proposición de Ley", justifica la Mesa.

En reacción a esta decisión, el PNV recriminó que "el motivo esgrimido por la Mesa, carente de informe jurídico, para impedir el debate de su propuesta para limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado, es 'más que discutible'", y lamentó “la falta de visión y valentía” de este órgano.

El portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban, considera que la decisión “no es congruente en una sociedad moderna ni tampoco con el espíritu constitucional”, y entiende que el texto de la proposición "no contradice ningún artículo de la Constitución, sino que viene a precisar, en una ley que fija los aforamientos para otros casos, la interpretación mayoritaria de la sociedad”.

“De no reformar la ley, la interpretación que se hace hoy de la Constitución y que la Mesa refrenda con su decisión, es que todas las personas responden ante la ley menos el Rey”, objetó Esteban, quien advirtió que, después de las actividades privadas del rey Juan Carlos, "impidiendo el debate de nuestra proposición de ley se pierde una gran oportunidad, y tanto PP como PSOE y, sobre todo Zarzuela, se hacen un flaco favor”.