El Grupo Popular ya solició la semana pasada la comparecencia de Serra ante la Comisión Constitucional, petición que fue aceptada por la Mesa del Congreso, pero que finalmente fue desestimada por la Junta de Portavoces.

Los populares presentaron en la reunión de la Mesa del Congreso de hoy una iniciativa análoga, que no fue aceptada a trámite porque, según palabras del vicepresidente primero de la Mesa, el socialista José Beviá, el escrito "era idéntico al anterior, no aducía motivos nuevos y ya fue aceptado a trámite el marte pasado".

"Ese mismo escrito fue aceptado a trámite", añadió Beviá, "y ha surtido los efectos parlamentarios oportunos. La Mesa entiende que no se puede aceptar un escrito que ya ha sido aceptado previamente, para no caer en una reiteración mecánica y formal".

Por su parte, Trillo dejó claro que la posibilidad de que su grupo acuda al Tribunal Constitucional no supone ninguna amenaza, sino una reflexión sobre la existencia de una probable discriminación de carácter constitucional.

En su opinón, "no parece adecuado que se utilice a la Mesa del Congreso para forzar posiciones políticas incomprensibles, porque no entendemos cómo el vicepresidente del Gobierno se puede negar, durante ya tres años, a venir al Congreso".

Trillo expresó sus dudas acerca de las razones que empujan al vicepresidente a no comparecer en el Parlamento. "No sabemos si es que no tiene nada que decir, en cuyo caso sería gravísimo porque no se sabe a qué dedica su tiempo y su acción política, o es que tiene algo que ocutar", resaltó.

En cuanto a las razones que han llevado al Grupo Popular a solicitar de nuevo la comparecencia de Serra, a pesar de que la Junta de Portavoces rechazó esta posibilidad, Trillo dijo que el PP pensó que durante la última semana, y a causa del eco suscitado por la renuncia del vicepresidente a acudir al Congreso, la Junta de Portavoces podría haber reconsiderado su posición.

Por otra parte, la Mesa del Congreso acordó por unanimidad admitir a trámite la iniciativa del diputado del Gruo Popular Rogelio Baón, quien solicitó que fuera enviada a la Cámara la declaración patrimonial del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.