Según explicó el viceprsidente primero de la Mesa, el socialista José Beviá, la iniciativa del PP fue desestimada por entender que la comparecencia del fiscal del general del Estado para hablar del alcance y límites del secreto oficial podría ser interpretada como un intento de control por parte del Parlamento de las actuaciones de la Fiscalía.

Beviá añadió que otra razón esgrimida para rechazar la comparecencia fue la de que el Congreso no puede recabar la opinión del fiscal general sobre cuestiones que no le competen, com la de los secretos oficiales y los límites sobre esta materia a los que deben estar sujetos los funcionarios.

Una opinión bien distinta manifestó el portavoz de Justicia del PP y vicepresidente segundo de la Mesa, el popular Federico Trillo, quien calificó de "intolerable y abusivo" que se esté cercenando a la Cámara de un elemento tan capital como es la relación con el fiscal general del Estado, al tiempo que recordó que es la tercera vez en los últimos meses que esta comparecencia u otras son denegdas.

Trillo, que anunció que su grupo recurrirá la decisión de la Mesa, defendió la conveniencia de que el fiscal general exponga sus planteamientos sobre el secreto oficial, sobre todo después de que el Gobierno se haya acogido a este derecho para no aportar distintos testimonios o documentos en varios procedimientos abiertos en la actualidad.

El parlamenario popular pidió públicamente a Carlos Granados que solicite una comparecencia voluntariamente en la Cámara y que no se deje someter a los inereses del Gobierno, como, en su opinión, le ocurrió a su antecesor, Eligio Hernández.

Trillo puso de relieve que entre las funciones constitucionales y estatutarias del fiscal general figuran la de dar a conocer su opinión y su criterio general sobre las "reiteradas alusiones del Ejecutivo a la cláusula del secreto. Yo le invito en nombre del grupo popular a aclararlo ante la opinión púbica y si es menester a venir al Congreso a ver si su presidente y la mayoría de la Mesa le siguen negando la entrad para que hable de lo que es su competencia".

Por otra parte, la Mesa del Congreso acordó hoy remitir a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid el dictamen de la 'comisión Roldán' aprobado en su día por el pleno del Congreso.

La magistrada se había dirigido al Congreso para solicitar una copia de un informe del Tribunal de Cuentas sobre fondos reservados que, según ella, fue presentado ante la 'comisión Roldán'.

Beviá explicó que expresamente la comisión no recibió ningún iforme del Tribunal de Cuentas, aunque su dictamen sí alude a unas manifestaciones de responsables de este tribunal. El acuerdo del órgano del gobierno de la Cámara fue remitir el informe a la jueza y comunicarle que toda la documentación del caso está en poder del fiscal.