El martes de la semana pasada el Gobierno envió a la Mesa el proyecto de ley y pidió que se tramite por vía de urgencia, alegando que la ratificación debe hacerse antes del 31 de diciembre y queda poco tiempo material para debatir el text y las enmiendas y anexos que presentarán los grupos.

Lo insólito de la petición del Ejecutivo (quedan cuatro meses) pilló desprevenidos incluso a los representantes del PSOE en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que decidieron, de común acuerdo con el resto de fuerzas políticas representadas, posponer la calificación del proyecto de ley (vía ordinaria o urgente) hasta esta semana. Además, la Mesa pidió a los letrados de las Cortes diferentes calendarios de aprobación del Tratado.

A la salia de esta reunión, PP, Izquierda Unida y CDS acusaron al Gobierno de intentar ratificar el Tratado de Maastricht antes del 20 de septiembre, fecha del referéndum francés, para favorecer no sólo las tesis del "sí"; también para "sacar del apuro" de imagen en que se encuentran sumidos Francoise Mitterrand y los socialistas galos.

Horas después de estas afirmaciones, el propio Felipe González reconocía que hubiese sido "un buen gesto" de cara a los ciudadanos franceses, haber visto antes de votar cómo lamayoría de los partidos españoles (todos, salvo Izquierda Unida) apoyan la ratificación del Tratado.