En concreto, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, avanzó el lunes pasado que su partido iba a registrar ese mismo día en la Cámara Baja una proposición no de ley para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza ante su “falta de voluntad política” para llegar a acuerdos.

Junts reclama ese debate entre las fuerzas parlamentarias porque solo el jefe del Ejecutivo, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Así lo especifican los artículos 173 y 174 del Reglamento de la Cámara Baja.

Desde el primer momento, el PSOE llamó a la “calma” y aseguró que tanto el partido como el Ejecutivo “cumplen” sacando adelante las normas en el Parlamento. La dirigente de la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE Enma López afirmó que Sánchez “es muy de fiar al igual que lo es todo este Gobierno”.

La decisión sobre admitirla para debatirla en Pleno o rechazarla se encuentra “abierta”, ya que, aunque hay precedentes en contra, el hecho de que se debata en el Hemiciclo “carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

LETRADOS DEL CONGRESO

Los letrados del Congreso apuntan que la iniciativa de Junts “no” estaría pretendiendo sustituir “la facultad presidencial de plantear la cuestión de confianza, sino que simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante” para Sánchez, “ni en un sentido ni en otro”.

Pese a ello, se destaca que la Mesa del Congreso “ha ejercido su función de calificación respecto de este tipo de iniciativas desde la convicción de que las proposiciones no de ley, igual que las mociones, aun permitiendo un amplio margen de flexibilidad por su no vinculatoriedad, no están exentas de límites”.

De hecho, recuerda que la Mesa ha inadmitido o solicitado la reformulación de proposiciones no de ley por “pretender ejercer alguna forma de control sobre la figura del Rey o sobre la Casa Real”, en casos en los que se instaba al Gobierno a realizar actuaciones propias de la competencia de la Cámara o de las Cortes Generales o cuyo contenido podía invadir el ámbito de autonomía de otros órganos constitucionales u órganos de relevancia constitucional.

Sin embargo, apuntan que la Mesa de la Cámara “viene admitiendo a trámite de forma habitual proposiciones no de ley y mociones por las que se insta a realizar determinadas actuaciones por parte de la Cámara, pero con la advertencia de que, en todo caso, aquello a lo que se insta habrá de llevarse a cabo por el procedimiento reglamentario pertinente”.

Además, aseguran que “no constan en la Cámara precedentes de iniciativas que pretendan que la Cámara se pronuncie solicitando al presidente del Gobierno que plantee la cuestión de confianza”. Por este motivo, apuntan que “corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”.