Los contratos registrados en ese periodo fueron 5.532.700, de los que sólo eran fijos y para toda la jornada 177.000. De ellos, 163.200 eran indefinidos ordinarios y 13.800 contratos para mayores de 45 años y minusválidos, modalidad acogida a las medidas de fomento del empleo.

Estos datos ponen de manifiesto un alto nivel de rotación en los uestos de trabajo, ya que el incremento del empleo asalariado en 1990 fue de 332.500 personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). A final de año, 6.397.400 trabajadores tenían contrato fijo y 2.942.100 temporales.

De los contratos registrados el año pasado, 3.205.600 eran de carácter ordinario y 2.327.000 fueron suscritos al amparo de medidas de fomento del empleo.

Entre los ordinarios, los contratos temporales fueron 3.042.500, de ellos 1.329.100 por obra o servicio, 1.231.700eventuales por necesidad de mercado y 481.700 de otro tipo.

A su vez, los fijos, que se situaron en 163.200, crecieron sensiblemente en relación a los años anteriores, cuando se cifraron en 61.500 (1986), 72.800 (1987), 103.400 (1988) y 136.300 (1989).

Por lo que se refiere a los contratos bonificados con alguna de las medidas de fomento del empleo, 163.100 eran de obra o servicio, 303.900 para la formación, 212.500 en prácticas, 413.200 a tiempo parcial y de relevo, 1.174.900 temporales y sólo 1.800 para mayores de 45 años y minusválidos.

Estos datos reflejan un descenso de los empleos en prácticas (12.600 menos que en 1989) y para la formación (31.700 menos), al tiempo que un aumento de los temporales de seis a tres años (62.100 más) y de los realizados a tiempo parcial y de relevo (54.700).

REFORMA DE LA CONTRATACION

La reforma de las modalidades de contratación para reducir su número y aumentar la estabilidad en el empleo es una de las cuestiones pendientes de la segunda fase de laconcertación social que los sindicatos incluirán en su propuesta de pacto de competitividad.

Los sindicatos quieren evitar el elevado nivel de rotación en el empleo y el fraude de ley que supone el recurso a algunos contratos con fines distintos a los que estipula la normativa vigente.

El Gobierno y la patronal coinciden en la necesidad de racionalizar la legislación laboral en este punto, pero entienden que la reforma debe hacerse sin sacrificar la creación de empleo, ya que la tasa de paro de Epaña sigue siendo una de las más altas de la OCDE.