A este fin, el Gobierno valenciano destina este año 106 millones de pesetas, de los que la Consejería de Bienestar Social aporta el 65 por ciento y el 35 por ciento los ayuntamientos.

Las mismas fuentes explicaron que, en colaboración con los ayuntamientos, se dá cumplimiento a las medidas dictadas por los jueces y órganos judiciales en los procesos en los que esté implicados los menores, para conseguir una mejor inserción social, poniendo especial énfasis en las causas de sus conductas de inadaptación.

Asimismo, señalaron que con este tipo de actuaciones se deja de considerar el internamiento como el único para ser utilizado con menores infractores, y se sustituyen medidas que implicaban un elevado coste, escasa eficacia y rentabilidad social, así como el estigma que en el menor generaba dicha medida.

La Generalitat afirma que se ha podido demostrar la maor efectividad de los recursos utilizados en medio abierto, especialmente en el medio natural, en el que el menor desarrolla sus actividades cotidianas, frente a las medidas desarrolladas en medio cerrado, en una institución.

Asimismo, consideran que el trabajo en medio abierto con el menor posibilita que su responsabilidad pase a primer plano, al tiempo que la sociedad puede participar en el problema de la delincuencia juvenil, garantizándose con ello que las medidas adoptadas responden a la rehabiliación y reeducación de los menores infractores.

Los ayuntamientos deberán hacer un seguimiento educativo del menor, así como utilizar toda la red de recursos sociales de atención primaria, específicos de menores o no, como centros sociales o centros de día, hasta la finalización de la medida judicial.