Durante su participación en el Foro Nueva Sociedad, Méndez defendió, con José María Fidalgo sentado a su derecha, la decisión del Ejecutivo y negó, como dice CCOO, que vaya a "condicionar" el diálogo social.

Méndez argumentó que la medida adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "tiene que ver con la historia de este país" y con la de una organización, UGT, "con más de 117 años" de vida y que padeció las consecuencias de la Guerra Civil.

La resolución del Gobierno es "justa y necesaria", aseveró el líder ugetista, quien recordó que se enmarca en otras iniciativas del Ejecutivo que van en la misma línea, como el envío a Cataluña de parte de los documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca o la recuperación de la memoria histórica. El tema del patrimonio sindical "forma parte de esta lógica".

Para Méndez, se trata de "un acto de justicia y reparación en términos históricos, morales y económicos", por lo que no entiende las críticas recibidas.

"Mi organización se siente dolida y atacada injustamente" por parte de Comisiones Obreras, afirmó Méndez, quien matizó, no obstante, que dicho dolor "va a afectar a los sentimientos, pero no al comportamiento" de la UGT, que mantendrá la "unidad de acción" con CCOO.

FIDALGO ACLARA

Por su parte, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, que compartía foro con Méndez, explicó que la censura de su sindicato a la decisión del Ejecutivo obedece "a cómo se ha hecho esto" y va dirigida contra el Gobierno, no contra la UGT. "Siempre que se nos ha consultado hemos dicho que reciban lo que es suyo", sostuvo Fidalgo.

El líder de CCOO incidió en que es "desaconsejado" el "momento" y la "forma" en que se ha tomado esta medida, pero recalcó que no tiene "ningún interés en dañar la relación con UGT" por un sentido de "lealtad" hacia los miembros de su propio sindicato y de "amistad" con el sindicato hermano.

No quiso ir más allá Fidalgo y se remitió a la declaración aprobada el pasado martes por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Confederal de su sindicato, en la que se reclamaba la derogación del decreto que ampara la devolución del patrimonio sindical a UGT y se criticaba duramente al Gobierno y al secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, por su relación con la quiebra de la cooperativa ugetista PSV y el crédito solicitado al ICO para atender dicha quiebra, un préstamo que UGT avaló con su patrimonio.