En declaraciones a Servimedia el presidente de Pro Derechos Humanos de Melilla, José Alonso, señaló que el acuerdo es casi delictivo y que se trata de la prevaricación de un grupo de responsables públicos "que acuerdan no cumplir la Ley".

El cumplimiento del acuerdo puede tener, a juicio de Alonso, consecuencias muy graves para estos menores en situación ilegal, y negó que se esté produciendo en la ciudad autónoma una "entrada masiva" de menores marroquíes, un argumento que sirve a responsales políticos "para sacar más dinero al Estado".

La asociación no puede precisar cuántos niños ilegales viven hoy en la ciudad, ya que existe un "oscurantismo total" por parte de la Administración melillense, y dudan de las cifras que se barajan estos días (entre 200 a 300), "porque están interesados en inflar las cifras".

Alonso denunció que la situación de estos niños, incluso la de los tutelados, es bastante preocupante, porque los servicios de los centros de acogida se han adjudicado "mediant trato de favor" a las empresas de siempre, "que además no funcionan y cuestan mucho dinero".

Miembros de Pro Derechos Humanos han intentado visitar en varias ocasiones a los menores que han sido alojados en un fuerte del siglo XIX abandonado por el Ejércido por sus "pésimas condiciones", pero se lo han impedido.

Además, se quejan de que la Administración de Melilla está azuzando a la población en contra de estos menores, un "recurso electoral peligroso", que, en su opinión, se puede volver contr el actual equipo de gobierno.