El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, entiend que con este recurso "el Gobierno pone todos los medios a su alcance para restablecer la legalidad en la ciudad de Melilla".

Para el ministro, se trata ante todo de devolver a esta ciudad la normalidad democrática e institucional, asegurar su gobernabilidad y prestar los diferentes servicios a los que tienen derecho los ciudadanos.

El recursos interpuesto por el Gobierno estima que la resolución de Aberchán "infringe gravemente el ordenamiento jurídico, pugna directamente, con un pronunciamientoexpreso, rotundo, claro e inequívoco de la Junta Electoral Central y ha creado una situación de alarma social de ámbito nacional ante la que la Administración del Estado",añade "no puede inhibirse".

Además, el Gobierno solicita en el recurso la adopción de medidas cautelares de carácter urgente. De esta manera, junto a la suspensión de la eficacia del decreto de Aberchán, se solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ordene al presidente de Melilla que convoque a la Asamblea en sesión exraordinaria (a celebrar en el plazo máximo de diez días desde que se les notifique el auto), para que en ella puedan tomar posesión y jurar sus cargos Javier de Pro y Rafael Hernández, en sustitución de Román Dobaños y Malika Mohamed.

A su vez, entre las medidas cautelares, se prevé, que de no convocarse el pleno por la presidencia, éste estaría convocado automáticamente para el décimo día hábil tras la notificación a la corporación demandada, a las doce horas del mediodía.

Según el ministro Acebs, "el recurso que hoy interponemos lo que quiere es acabar con el absoluto caos institucional en la ciudad de Melilla".

De este modo, en el texto del recurso elaborado por la Abogacía del Estado, se dice que "dos meses después de las elecciones, Melilla está paralizada, sin posibilidades de desarrollar su gestión, no ha renovado ni confirmado a los responsables de las sociedades municipales, no ha designado a sus nuevos representantes en otros organismos, algunos tan importantes como la Autoridad Poruaria, y, en fin, se encuentra en una situación de descomposición que impide incluso la celebración de los plenos".

Según el propio texto del recurso, este "caos institucional" tiene su origen en "una conducta rabiosamente ilegal y difícilmente defendible en términos morales que cristaliza en la falta de acatamiento de decisiones de los órganos de Estado, encarnados en la administración electoral".