Los servicios jurídicos del Ministerio están estudiando distintas posibilidades de actuación legal y emitirán un informe en el que se optará por la fórmula más conveniente, según informaron a Servimedia fuentes de Administraciones Públicas.

La intención del ministro, Angel Acebes, es tomar las decisiones pertinentes en el plazo de tiempo más breve posible, por lo que es probable que no se agote el pazo límite de tres meses que establece la normativa vigente para recurrir las normas con rango de ley, en caso de se opte por recurrir.

El Gobierno ha dado además una instrucción al abogado del Estado de la ciudad de Melilla para que elabore un informe en el que explique qué posibilidades hay de que la Administración central obigue a Aberchán a retirar el citado decreto.

Para ello sería necesario emprender un recurso contencioso-administrativo cuya resolución tardaría no menos de año y medio, y pr lo tanto "no es el sistema más aconsejable", según dijo a Servimedia Mercedes de la Merced, que actúa en estos días como portavoz del PP.