Esta sugerencia la planteó el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra hoy y mañana en Madrid.

La iniciativa responde a los objetivos marcados por la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002 (2002/413/CE), que el Gobierno asume poniendo en marcha su estrategia para la gestión integral de las zonas costeras.

Dada la distribución competencial en materia de costas entre las Administraciones Autonómicas y la General del Estado, es esencial la constitución de un marco estable de trabajo para la coordinación y colaboración, en el que puedan tratarse todos los temas relacionados con la gestión de la costa.

En el convenio también se trata de armonizar de común acuerdo la aplicación de la legislación medioambiental autonómica con la básica estatal, en los procedimientos de evaluación ambiental de las diversas actuaciones en la costa.

La puesta en marcha de esta serie de convenios de colaboración coincide con el inicio de los trabajos del Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa que la Dirección General de Costas ha comenzado a elaborar, mediante el que se pretende diseñar, de manera concertada entre los actores implicados, la estrategia a seguir en los diferentes tramos de costa, de tal forma que se posibilite el desarrollo sostenible de las zonas costeras a través de la gestión integrada entre las Administraciones competentes, con la participación activa de la ciudadanía.

La conferencia sectorial también tiene previsto revisar el último borrador de la ley reguladora de los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, una vez que se han incluido las sugerencias de las comunidades autónomas, así como de otros sectores, como las organizaciones ecologistas y los agentes sociales.

En materia de acceso a la información, el borrador reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas e impone a las administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

En lo que se refiere al acceso a la justicia, el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y participación, así como la regulación de la acción popular a favor de las ONG y de personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, que podrán impugnar cualquier vulneración de ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública.

La conferencia sectorial debate hoy el proyecto de real decreto por el que se regula la gestión de los aceites industriales y de automoción usados, que tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia ambiental de tales aceites.