Según el Ministerio, la decisión de decarar estas obras de interés general, se basa en las demandas existentes por parte de amplios sectores de la población de toda la geografía española.

Las actuaciones previstas corresponden a obras de abastecimiento de aguas, regulación y laminación de avenidas, así como a actuaciones relativas a depuración de aguas residuales. También se incluyen otras obras de infraestructura hidráulica para aprovechamiento de regadio.

El Ministerio pretende que varias de las actuaciones previstas se financien co fondos comunitarios. De todos modos, debe ser el Estado el que financie determinadas actuaciones hidráulicas, ya sea total o parcialmente.

Además, las circunstancias que concurren en las obras aconsejan declarar la utilidad pública de las mismas, a la vez que una urgente ocupación de los bienes afectados por su ejecución, a los efectos previstos en la Ley de Expropicación Forzosa.

Andalucía, con una inversión de 80.295 millones de pesetas, será la comunidad a la que se destine una cantidad mayor seguida por Aragón con 46.209 millones de pesetas y por Valencia y Estremadura, con una inversión entorno a los 30.000 millones en cada comunidad.