La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, manifestó hoy en el Congreso de los Diputados que, una vez que se apruebe la nueva legislación sobre parques, se abrirá un período de dieciocho meses para que el Gobierno y las comundades autónomas encuentren un modelo de cofinanciación consensuado.

En este contexto, Tocino no descartó la posibilidad de que la iniciativa privada contribuya al sostenimiento económico de los parques nacionales, si el futuro modelo que surja del diálogo con las comunidades así lo contempla.

La ministra señaló que la gestión de los recursos destinados a los parques podría realizarse desde una entidad mixta en la que estuvieran representadas todas las partes que participan en el mantenimiento de stos espacios protegidos.

Sin embargo, el nuevo modelo de cofinanciación no comenzará a perfilarse mientras no se apruebe la nueva legislación sobre parques nacionales que hoy comenzó a tramitarse en el Parlamento.

La reforma de la actual normativa se realizará en base al proyecto de ley elaborado por el ministerio que modifica los artículos de la Ley sobre Conservación de Espacios Naturales, de Flora y Fauna Silvestre, de 1989, que regulan la gestión de los parques.

Tocino defendió ante el leno del Congreso de los Diputados que el proyecto de ley adapta la legislación a la sentencia de 1995 del Tribunal Constitucional que obliga a la cogestión de estos espacios, hasta ahora gestionados exclusivamente por el Gobierno central.

La titular del departamento de Medio Ambiente aseguró que, al no haberse adaptado la normativa actual a la sentencia, la gestión de los parques se encuentra bloqueada, y responsabilizó de esta situación al PSOE.

El texto del ministerio prevé la creación de una omisión mixta de gestión en cada parque, encargada de elaborar los Planes Rectores de Uso y Gestión; la puesta en marcha de una entidad en la que estarían representadas todas las comunidades con parques y el Estado, que, entre otra funciones, se encargará de distribuir los recursos económicos entre los distintos espacios incluidos en la red estatal, al tiempo que mantiene la figura del Patronato, en el que están representados también los agentes sociales.

Además, introduce el concepto de cofinanciació, aunque no establece que, al igual que debe ocurrir con la cogestión, la participación de las administraciones central y autonómicas tenga que ser equitativa.

El proyecto de ley contó con el respaldo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, y con la oposición de PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego.

IU y PSOE presentaron textos alternativos, que fueron rechazados por el pleno del Congreso, que introducían una modificación más profunda de la ley de conservación de espacios naturales, y que adaptaban a la legislación nacional las directivas europeas de aves silvestres y hábitats.

Tocino no apoyó estas iniciativas, a pesar de que se mostró partidaria de emprender esa reforma en el futuro, por entender que la adaptación de la ley a la sentencia del Constitucional se debe realizar con urgencia, y que una revisión de la ley actual en profundidad podría dilatar dicha adaptación.

Sin embargo, el diputado socialista José Luis Ros señaló que el proyecto de ley del ministerio no acata l doctrina del Tribunal Constitucional, y calificó el texto de "canijo y clandestino", al asegurar que Isabel Tocino no ha informado del mismo a las organizaciones sociales implicadas en la preservación del medio ambiente.