La drectiva europea sobre envases y embalajes se aprobó el pasado 14 de diciembre y otorga a los estados de la Unión Europea (UE) un plazo máximo de 18 meses para adaptarla a las legislaciones nacionales y de 5 años, a partir de ese momento, para cumplir los requisitos que establece la directiva en recuperación y tratamiento de los residuos de envases.

La directiva europea establece que se reciclará el 25 por ciento como mínimo y el 45 por ciento como máximo, en peso, de la totalidad de los materiales de nvasado, con un mínimo del 15 por ciento de cada material envasado.

Asimismo, contempla la incineración como sistema para tratar los residuos e incluso otorga a este método, criticado por ecologistas y numerosos organismos, especial preponderancia.

El director general de Política Ambiental, José Ramón González Lastra, declaró hoy que la legislación española introducirá las medidas necesarias para conseguir que se cumplan los cupos de recuperación y tratamiento que establece la directiva.

Ests medidas provocarán un ligero aumento del precio final del producto. El sobrecoste servirá para financiar la recogida selectiva de envases a través de la instalación de contenedores en la vía pública. Por su parte, los fabricantes se comproten a reciclar los residuos que se recuperen.

Los fabricantes que no opten por este modelo deberán exigir al comprador que haga un depósito en metálico al adquirir el producto, que le se será reotornado al devolver el envase.

DEPOSITO DE SEGURIDAD

Respecto a Plan Nacional de Residuos Industriales, González Lastra manifestó que la Secretaría de Estado estudiará la viabilidad técnica y económica para instalar un depósito de seguridad para almacenar este tipo de desechos en Navarra.

El director general de Política Ambiental dijo que su departamento ha recibido una oferta de la empresa propietaria de una mina de potasa en Navarra para reconvertirla en depósito de seguridad.

Por otra parte, José Ramón González Lastra se refirió a la nueva Ley de Impacto mbiental señalando que paliará las lagunas que presenta la actual legislación.

La nueva normativa establece que el proceso de evaluación de impacto ambiental se dividirá en dos fases. La primera especificará las diferentes alternativas y la segunda incluirá la definitiva declaración ambiental sobre el proyecto de la alternativa seleccionada.

González Lastra indicó que para ejecutar con eficacia la nueva ley será necesario duplicar el número de personas con las que cuenta en la actualidad (19 en ttal) la Secretaría de Estado para realizar las evaluaciones de impacto ambiental.