El proyecto, promovido por la Dirección Geeral de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de navarra, es considerado "ambientalmente viable" por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, también dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, encargada de emitir la declaración de impacto.

La declaración acepta las medidas establecidas por los promotores para reducir el impacto de la infraestructura sobre los espacios protegidos, el patrimonio arqueológico, la vegetación, la fauna y la calidad de las aguas. Entre estas medidas destaca la exclusión de la transformación en regadío de 8.000 hecatáreas, para reducir el impacto sobre espacios protegidos y sobre la fauna esteparia que habita en la zona.

El Canal de Navarra tendrá una longitud de 177 kilómetros, iniciándose en el embalse de Itoiz y terminando en el término municipal de Ablitas. Las obras incluyen la construcción de seis túneles, con una longitud de 13,5 kilómetros.

El pantano que debe abastecer al Canal de Navarro es el de Itoiz, cuya dimensiones están condicionadas por una sentencia del Supremo que obligó a reducir su capacidad de embalse para evitar inundar las bandas de protección de tres reservas naturales.

La sentencia del Supremo obliga a reducir la altura de la presa desde los 135 metros proyectados a 25,8 metros y prohíbe inundar terrenos por encima de la cota 506, por lo que la capacidad de embalse no superaría los 9,7 hectómetros cúbicos, cuando el proyecto inicial establecía una capacidad de 418 hectómetros cúbicos.

Sin embargo, un embalse con capacidad para almacenar 9,7 hectómetros cúbicos sería incapaz de alimentar el Canal de Navarra y las 50.000 hectáreas de regadío que reclama el Gobierno foral. Por este motivo, Greenpeace insiste en que Itoiz será "la piscina más cara del mundo".

Tras la sentencia, el Gobierno navarro decidió anular las bandas de protección de las reservas naturales promulgando una nueva ley, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal debrá decidir ahora si la ley foral se ajusta a la Carta Magna, por lo que su fallo resultará decisivo para determinar si el pantano se construye o no finalmente.

Greenpeace ha anunciado que si la resolución del Constitucional es favorable a sus tesis, pedirá responsabilidades a José Borrell, ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, e Isabel Tocino, actual ministra de Medio Ambiente, por posible uso indebido de fondos públicos.