En un comunicado, denunció el marcado contraste entre "la fachada de inclusión de la sociedad civil y la realidad del proceso liderado por la Comisión Europea y los estados miembros", en línea con el propósito de "mejorar el papel de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo" que el foro se fija para este año.

Adoptado a principios de 2024, este acuerdo comenzará a aplicarse en 2025 y entrará en vigor en junio de 2026 para todos los países. Antes de finales de diciembre se espera que los estados miembros de la UE publiquen sus respectivos planes de acción.

Médicos del Mundo criticó que "ahora se pide a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar un papel en la aplicación de un pacto que contradice los derechos fundamentales de los migrantes", mientras que acciones de solidaridad como el rescate en el mar; la asistencia en los cruces fronterizos; la provisión de alimentos, refugio y apoyo legal, y el acompañamiento a solicitantes de asilo y refugiados en sus procedimientos se ven cada vez más obstruidas por los mismos estados que están obligados a proteger y promover los derechos humanos".

La ONG ha lanzado "reiteradas alarmas" sobre "la criminalización de la solidaridad con los migrantes", una "tendencia profundamente preocupante que este pacto no aborda y que probablemente refuerza". "Nos oponemos firmemente a muchas de las medidas fundamentales del pacto", indicó, en particular al reglamento sobre el control, al reglamento sobre los procedimientos de asilo, al reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y al reglamento sobre las crisis, denunció.

A su juicio, estos instrumentos legislativos enmarcan la migración como "un problema de seguridad, violan los derechos humanos y conducirán a más detenciones, incluso de menores y de otros grupos vulnerables".

Advirtió que las medidas securitarias que el pacto contempla pueden perjudicar la salud de los migrantes al "erigir barreras aún mayores para que accedan a la atención médica, la asistencia jurídica y otros servicios esenciales".

Según la organización, el pacto hace un énfasis desproporcionado en la gestión de las fronteras, descuidando las causas profundas de la migración y la necesidad urgente de vías seguras y legales, medidas de integración efectivas y la protección de la vida y la salud de los migrantes.

Por todo ello, pide a los estados miembros de la UE habilitar vías seguras y legales hacia Europa, para garantizar que los migrantes puedan viajar sin arriesgar sus vidas; poner fin a las devoluciones en caliente y a las detenciones arbitrarias, que violan el derecho internacional y la dignidad humana; invertir en el acceso a servicios esenciales como atención médica, vivienda y asistencia legal de todos los migrantes y solicitantes de asilo, y promover consultas significativas y sistémicas con la sociedad civil, incluidas las organizaciones que trabajan directamente con los migrantes.