n rueda de prensa, el director general de Médicos sin Fronteras, Eric Stobbaers, dijo que desde 1989 esta organización ha tenido enormes dificultades para llevar a cabo proyectos sanitarios con la población civil de Guinea Ecuatorial. Por ello, el pasado mes de octubre MSF decidió retirar su equipo del país africano, aunque sin abandonar su compromiso.

Médicos sin Fronteras ha puesto en marcha una campaña para intentar dilucidar las causas de la falta de espacio humanitario en Guinea. En este sentido,su director explicó que la organización ha investigado las relaciones entre el Gobierno español y el guineano, el convenio firmado recientemente por ambos y el papel de las multinacionales implicadas en el país.

Sobre este acuerdo, denunció que no respeta los principios de gobernabilidad ni los derechos humanos, a la vez que olvida a la población civil de Guinea, donde cuestiones como la salud, la educación o la seguridad alimentaria deben ser prioritarias.

El objetivo de la campaña de MSF, señal, es volver a trabajar con la población civil, llevando a cabo "acciones de testimonio constructivas" para mejorar su situación y permitirle el acceso a organizaciones humanitarias.

David Querol, coordinador de programas en Guinea de la organización, hizo un análisis muy crítico del convenio firmado entre los dos gobiernos y puntualizó que éste supone la legitimación de un régimen dictatorial.

A su juicio, el conjunto de los países europeos no puede considerar normal la actual situación de Guinea donde la población civil sufre una carencia total de dignidad. Para Querol, España "ha dado un cheque en blanco al régimen de Malabo", que viola insistentemente las normas de la cooperación española con el país.

Tras subrayar que los convenios bilaterales no son necesarios para el trabajo de las ONGS, este integrante de Médicos sin Fronteras afirmó que España "no puede legalizar nada en Guinea" porque no tiene soberanía en el país africano y añadió que el único que puede hacerlo es el Ejecutivo guineno.

Querol recalcó que el acuerdo no soluciona los problemas de la población civil ni se puede justificar como una protección a los cooperantes. Por ello, Médicos sin Fronteras pide al gobierno español que cancele de inmediato ese convenio.