El informeanual del Defensor del Pueblo, presentado hoy, recuerda que el año pasado ya denunciaba la inexistencia de un marco legal de actuación de las personas diplomadas en naturopatía y ciencias bioenergéticas. En aquel momento, Sanidad argumentó que sería más adecuado esperar a la aprobación de una directiva comunitaria.

Este año, el informe insiste en que "con independencia del criterio sustentado por el citado departamento, debe ponerse de relieve que las actividades a las que se ha hecho referencia puede incidir directa o indirectamente en la salud de los ciudadanos, siendo innegable realidad social el hecho de que un elevado número de personas demanden tales técnicas y son sometidas a los correspondientes tratamientos".

La Oficina del Defensor del Pueblo argumenta que la Ley General de Sanidad en su artículo 18.11 determina que debe existir un control sanitario sobre productos y elementos de utilización terapéutica que puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.

"Por consiguiente", ñade, "el marco legal al que se viene haciendo referencia pretende garantizar al enfermo una calidad mínima en la atención que requiere, asegurando que los procedimientos que se apliquen presenten una eficacia y unos riesgos conocidos".

También recuerdan que todavía se desconoce el momento en que se aprobará la directiva comunitaria sobre el tema, por lo que es aconsejable establecer un marco legal, sin perjuicio de que la regulación que se apruebe pueda ser adaptada, en su caso, al contenido de la diectiva.

Una ver remitida la recomendación al Ministerio de Sanidad y Consumo, la Dirección General de Ordenación Profesional contestó, asegurando que su recomendación se tendrá en cuenta en el actual proceso de elaboración del proyecto de Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.