"Sin hacer ninguna otra valoración de otro tipo, en un Estado democrático de Derecho cuando alguien se siente vulnerado por una decisión que toma l Administración, tiene la potestad de recurrir", dijo.

A juicio de Villalón, la medida adoptada por el Gobierno y convalidada ayer por el Congreso de los Diputados "es una medida más de las adoptadas para disminuir el gasto farmaceutico y que se ajusta a la legislación vigente".