En una sentencia, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Alto Tribunal rechaza un recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que estimaban que el decreto atentaba contra su libertad de prescripción.

El Supremo señala que los medicamentos retirados de la financiación "sólo tienen eficacia en síndromes o afecciones menores", e insiste en que el motivo de la eclusión de algunos fármacos es "sin duda" que éstos son poco útiles para curar algunas afecciones y, aún reconociendo que contribuyen a mantener un cierto "buen estado general", tienen "escasa relevancia".

La sentencia recuerda que la no financiación de ciertos medicamentos se produce "en una situación en las que los medios económicos son limitados para sufragar en su totalidad los productos farmaceúticos que existen en el mercado".

Por ello, continúa la decisión del Supremo, "de la prestación famaceútica de la Seguridad Social sufragada con fondos públicos, se excluyen aquellos productos que sólo tienen eficacia en síndromes o afecciones menores, cuya financiación pública no se estima necesaria".

PRIMER MEDICAMENTAZO

El Gobierno del partido socialista aprobó en enero de 1993 el decreto de Financiación Selectiva de los Medicamentos, que dejaba sin financiar un total 740 especialidades farmacéuticas puestas a la venta en 1.171 presentaciones.

La orden entró en vigor el 25 de julio del msmo año, fecha en la que dejaron de ser abonados por el herario público varios grupos terapéuticos, entre los que se encontraban los antigripales, laxantes, antiácidos, productos cosméticos, elixires bucodentales y suplementos alimenticios.

Tras esta aplicación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos decidió recurrir la decisión del Gobierno socialista alegando que se estaba limitando el derecho de los profesionales de la Medicina a elegir libremente la elección de medicación para sus pacentes.

La sentencia rechaza esta supuesta limitación y afirma que la decisión del Gobierno respeta lo establecido en la Constitución y no atenta contra esa libertad de prescripción, por lo que declaran "ajustado a derecho" el primer "Medicamentazo".