El real decreto, bautizado como el 'medicamentazo', dejó fuera de la financiación de la Sanidad pública 800 medicamentos. Los servicios jurídicos del consejo recurrieron en 1993 el decreto ant el Supremo y la órden que lo desarrollaba ante la Aduiencia Nacional.

El recurso ante la Audiencia fue desestimado un año más tarde, alegando los magistrados que era admisible la limitación de prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social por razones presupuestarias. En estos momentos, la órden está pendiente de un recurso de casación que el consejo presentó en la audiencia.

Por su parte, el presidente del consejo, el doctor Ignacio Sánchez Nicolay, explicó a Servimedia que el decreto y la oren se recurrieron al entender que interfería el ejercicio profesional de los médicos, aunque entienden que el Gobierno persiga un ahorro en la factura farmacéutica.

El presidente de los médicos comentó que antes de pronunciarse sobre una nueva exclusión de medicamentos de la financiación de la Seguridad Social tendrían que conocer los medicamentos que definitivamente quedarán fuera.

A su juicio, la Administración debería demostrar la ineficacia de los medicamentos que van a ser excluidos. "Si la videncia demuestra su ineficacia seremos los primeros en colaborar, pero siempre que se demuestre científicamente".