En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del PSOE, Jáuregui aseguró que los 60.000 millones que el Gobierno piensa ahorrar con el nuevo "medicamentazo" se quedan muy lejos de los 160.000 millones de deuda sanitaria.

Además, acusó al Ejecutivo de "marear la perdiz" durnte un año y medio para evitar que el Parlamento debatiera con transparencia este tema, cuando sabía que antes de final de este año había que pactar un nuevo modelo de financiación sanitaria.

El Partido Socialista se opone también a las medidas propuestas por el Gobierno para controlar la incapacidad laboral transitoria, en la que se estima un posible ahorro de 50.000 millones de pesetas.

Estas medidas no gozan del respaldo de los sindicatos, recordó Jáuregui, porque sobre ellas pesan serias "duds de ilegalidad" y reiteró el rechazo de los socialistas a que los médicos de cabecera de la Seguridad Social no tengan la decisión última de las altas y bajas por incapacidad transitoria.

Ramón Jáuregui expresó también la rotunda oposición del PSOE a que en la financiación sanitaria no se tengan en cuenta los criterios de población porque supondría un reparto "injusto" de los fondos.

Sería "insólito", dijo, que una comunidad autónoma como Cataluña, con el 16% de la población, se llevara el 60% d los fondos. "No tiene explicación", apostilló.

En lugar de estas medidas "impopulares", que abrirían "un flanco de especial dificultad", propuso la elaboración de un plan de "racionalización" del gasto farmaceútico que combine diferentes instrumentos, como una política de compras hospitalarias más adecuadas.

En cualquier caso, se mostró partidario de esperar a las propuestas "oficiales" que salen de la reunión que el próximo jueves celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El dicurso "único" que en este sentido mantiene el Partido Socialista no es óbice, dijo Jáuregui, para que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y que tienen transferidas las competencias sanitarias, como es el caso de la Junta de Andalucía, pueda llegar a los acuerdos que considere oportunos en función de sus necesidades presupuestarias o de sus criterios como gobierno autonómico.