En el informe, al que ha tenido acceso Servimedia, el máximo organismo d los médicos señala que una decisión de esta trascendencia debe realizarse a través de un "estudio riguroso" con la participación de organismos profesionales, "cuyas decisiones sean fundamentadas en la evidencia científica disponible. En este caso con la Comisión Nacional del Uso Racional del Medicamento".

También indican que la lista de medicamentos excluídos, bajo la denominación de 'Baja Utilidad Terapéutica', puede generar confusión en la opinión pública y desconfianza en la relación médico-paciene.

A juicio del consejo, la lista de fármacos excluidos se ha elaborado con un criterio esencialmente "económico-político", sin la participación de los organismos médicos representativos.

Recuerdan, además, que la prescripción farmacéutica es exclusiva del médico y debe garantizar "por bien de los pacientes que sea hecha en todo momento de forma libre y de acuerdo con la evidencia científica actual", señala el pliego de alegaciones.

Pese a estas puntualizaciones, el consejo estima que desde l punto de vista legal y en su aspecto material y formal, no se puede hacer objeción al proyecto, aunque insiste en que el ministerio debería modificar en el apartado 1 del informe para que se reconozca que no se excluyen los medicamentos de la "prestación sanitaria", sino de la "financiación" pública.

Precisamente, el Consejo General de Colegios Médicos interpuso un recurso contencioso-administrativo, que actualmente tramita el Tribunal Supremo, contra el decreto socialista 83/1993, de 22 de enero, pecisamente porque entendían que infringía la Ley del Medicamento y de la Seguridad Social al excluir fármacos de la prestación sanitaria, no de la financiación.