Los extranjeros beneficiados por el proceso de regularización solicitaron permisos de trabajo en otras actividades como la prestación de servicios a empresas (8,2 por ciento), comercio al por menor (un 6,3 por ciento) y servicios recreativos y culturales (1,9 por ciento).

La nacionalidad de esas personas es mayoritariamente marroquí, un 44,2 por ciento del total, seguida por súbditos argelinos (7 por ciento), peruanos (5,4 por ciento), dominicanos (5,2 por ciento), chinos (3,3 por ciento) y polacos (3,1 por ciento).

En los permisos de trabajo concedidos por la Administración española hasta el pasado mes de junio, existe un importante número de ciudadanos comunitarios, 2.617 personas, que suponen un 2,5 por ciento del total.

La mayor parte de los trabajadores de la CE que realizan algua actividad económica legal en España son de origen portugués (1.188) o británico (566).

La Administración estableció un período para formalizar la situación de trabajadores ilegales llegados a España procedentes de países del Tercer Mundo, que comenzó el 10 de junio de 1991 y finalizó en marzo de 1992.

TOTAL DE EXTRANJEROS

Antes de que el Gobierno español iniciara este proceso, ya trabajaban en España 103.623 extranjeros con permiso de residencia, de los que casi la mitad eran de nacionalidad uropea (50.602).

También era importante la colonia de hispanoamericanos residentes en el país, 19.750 personas; de africanos del norte y centro del continente, con 14.679 trabajadores; y de asiáticos, con 12.980.

En menor proporción también existía un número importante de americanos del norte, con 5.220, de los que 4.047 eran ciudadanos de Estados Unidos. Oceanía contaba con la presencia de 205 trabajadores y 187 declarados apátridas.