En concreto, fueron los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, y el único representante de la también conservadora Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Las fuentes consultadas explicaron que estos vocales instaron al fiscal general a dejar el cargo para evitar que la Fiscalía General del Estado “esté en el foco” mediático y se preserve su prestigio una vez que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa penal contra García Ortiz por la filtración de correos relativos las negociaciones del empresario Alberto González Amador con el Ministerio Público para alcanzar un acuerdo que le permitiera eludir la cárcel tras reconocer un fraude fiscal de más de 350.000 euros.

Los vocales restantes no se sumaron a la petición de dimisión. Se trata de los dos miembros natos del Consejo Fiscal: la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y la fiscal jefe inspectora, María Antonia Sanz Gaite.

Los miembros de la Asociación de Fiscales sostuvieron en la reunión que “esta situación afecta no sólo al presente proceso judicial, sino que compromete la imagen del Ministerio Fiscal a nivel nacional e internacional y es inasumible”.