Al mismo tiempo, un 68% de los consultados admite que las Cortes generales "deben proponer y negociar aquellos cambios que no encajen en la Constitución", mientras que sólo un 28% mantiene que el texto sea ratificado por el Congreso sin modificaciones.

De hecho, las posiciones están muy divididas sobre la constitucionalidad del nuevo texto: un 43% cree que el proyecto no rebasa la Constitución, frente a un 35% que piensa que sí lo hace.

El 77% de los votantes del PSC e ICV-EUiA y el 67% de los de CiU admiten que las Cortes propongan cambios -una posición que defiende el 88% de los electores del PP-, mientras que sólo un 39% de los votantes de Esquerra acepta modificaciones, frente a un 58% que las rechaza.

En cuanto a los aspecto más polémicos, más del 80% de los consultados respalda que la Generalitat controle la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Y un 78% considera que los jueces tienen la obligación de conocer el catalán, un porcentaje que se eleva al 90% cuando lo que se plantea es el derecho y el deber de todos los ciudadanos de Cataluña a conocer el catalán y el castellano.

Sólo el término nación concita una mayor división de opiniones, ya que casi el 55% respalda esta afirmación incluida en el artículo primero del proyecto, mientras que un 38% se muestra en contra.

En cuanto a las propuestas de que la Generalitat garantice la participación de selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales o de que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña sea la última instancia judicial, cuentan con un respaldo superior al 60%, mientras que sólo uno de cada cuatro consultados se muestra en contra.

La actitud de Maragall merece una nota de un 6,4, mientras que la de Mas cosecha un 5,8. A continuación se sitúa Carod-Rovira, con un 5,6, la de Joan Saura, con un 5,5 y la de Josep Piqué, un 3,8.