El último informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el órgano del Estado encargado de informar al Tribunal de Cuentas sobre estas cuestiones, revela que la mayoría de los Gobiernos regionales eluden esta obligación legal.

Dicho informe, correspondiente a 1990, pone de manifiesto que entre los incumplidores figuran también ejecutivos autónomos que podrían ser considerados más afine al que preside Felipe González, al estar también encabezados por el miembros del Partido Socialista, como ocurre en los casos de Madrid y Andalucía.

En concreto, las autonomías que no comunicaron información sobre un sólo contrato realizado en el 90 fueron las de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.

En los demás casos, el volumen de información facilitada parece exiguo, ya que se refiere solamente a contratos por un importe totl de 23.873 millones de pesetas, la cincuentava parte del comunicado en el mismo periodo por los ministerios y otros organismos del Estado.

Las siete autonomías que facilitaron información fueron Aragón (sobre 110 contratos, valorados en 10.186 millones de pesetas), Asturias (26 contratos, por 706 millones), Castilla La Mancha (6 contratos, por 1.578 millones), Extremadura (60, por 706 millones), Murcia (42, por 590 millones), País Vasco (2, por 17 millones) y Valencia (417, por 10.184 millones).

En cuanto a la vía seguida para realizar las adjudicaciones de los contratos sobre los que las comunidades facilitaron información, "a dedo" se hicieron por un importe de 3.931 millones de pesetas, mientras que por concurso se canalizaron 12.950 millones y por subasta 4.275 millones.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, está generalizado el incumplimiento de la obligación de comunicar el número de contratos y su importe a la Junta Consultiva de Contratación Administraiva.

Sólo facilitaron información sobre 1.226 contratos, por un importe global de 19.850 millones de pesetas. Entre los que no comunicaron ni siquiera una sola contratación figuran ayuntamientos tan importantes como los de Madrid, Bilbao, Gijón, Toledo y Las Palmas, entre otros.

LA COSA MEJORA

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron hoy a Servimedia que en 1991 "ya hay mayor grado de cumplimiento" por parte de las comunidades autónomas y que, por ejemplo, la administración catalana comenzóa facilitar datos, si bien esta mejoría se ha conseguido realizando una encuesta entre las autonomías más que por iniciativas tomadas por ellas de "motu propio".

Las mismas fuentes señalaron que la obligación de notificar está recogida en la Ley de Contratos del Estado, pero aclararon que no hay ninguna sanción prevista en caso contrario, por lo que, en la práctica, "no hay quien les obligue".

A su juicio, los contratos adjudicados directamente, muy frecuentes en el Estado, no presentan en si misos ninguna irregularidad y "las propias directivas comunitarias lo sitúan al mismo nivel que el concurso y la subasta".

Resaltaron que la percepción de la contratación directa "está degenerando", ya que cuentan con la garantía de que tienen que presentarse tres ofertas y "si no se elige a la más barata, hay que justificarlo".

"Lo que sucede es que hay ciertas prácticas, y el Tribunal de Cuentas lo ha dicho, es las que cogen a dos de comparsa, pero no es lo corriente", indicaron estas mismas fuents.