Durante su cmparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre los Derechos de la Mujer, el ministro dijo que "no estamos hablando de que eso es seguro, lo que queremos decir es que la sentencia judicial absuelve al supuesto violador, y lo que queremos investigar es si más funcionarios policiales tenían conocimiento de este hecho y por unas razones o por otras no lo trasladaron a los responsables competentes".

Si hay otras personas distintas a los enjuiciados que hayan podido tener responsabilidades por acció o por omisión, se llegará hasta el final, aseguró Mayor Oreja.

Corroboró que lo que hay, por el momento, es un expediente administrativo por el que se ha suspendido de empleo y sueldo a los dos policías que vigilaban y custodiaban la cárcel de Bilbao.

"Yo he hablado en dos ocasiones con el Jefe Superior de Policía de Bilbao para que facilite el esclarecimiento total de los hechos. Hay un interés personal. Yo no suelo participar en hechos de estas características, pero en este caso lo he hecho", eñaló el titular de Interior.

En función del resultado de la investigación, Mayor Oreja afirmó que se verá si hay alguna posibilidad mediante el trámite administrativo de hacer algo contra el presunto violador.

"Está claro que hay un principio jurídico que dice que aquel que ya ha sido juzgado está definitivamente juzgado y, en este caso, el único resquicio administrativo que había era abrir expediente a dos funcionarios por negligencia y es lo único que, en estos momentos, estamos en disposiciónde confirmar", insistió Mayor Oreja.

En su comparecencia, el ministro hizo hincapié en que las versiones del fiscal y de los jueces en este caso fueron bien distintas. Mientras el fiscal considera que no se puede demostrar ni siquiera que hubo violación, los magistrados creen y sentencian que sí la hubo. La investigación interna también examinará estas versiones.

Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la citada comisión, a excepción del PP, solicitaron del ministro meddas más contundentes para erradicar el machismo, los abusos de autoridad y la humillación hacia determinados colectivos, como el de la mujer, que se producen por parte de algunos los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado.

Mientras que el Gobierno, por boca de su ministro de Interior, considera que estos hechos son aislados, la mayoría de los grupos políticos, en concreto el PNV, solicitante de la comparencia, el PSOE e IU, insistieron en que este tipo de conductas están arraigadas en algunos coletivos y que los hechos no son tan aislados, lo que ocurre es que la gente no los denuncia por miedo.