"Se podría estudiar que una parte de las prestaciones del sistema esté canalizada por la Seguridad Social y otra, a través de la vía impositiva, transferida a las comunidades autónomas desde el principio", explicó Fernández durante su comparecencia en la Comisión No Permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Así, según la propuesta de la ex ministra, servicios como las residencias para ancianos y para discapacitados graves deberían estar gestionadas por el Estado, mientras que los centros de día, los de noche, los de respiro familiar y los ocupacionales, entre otros, estarían financiados vía impuestos y serían competencia de las comunidades desde la entrada en vigor de la norma.

Las comunidades deberían, igualmente, delegar competencias y responsabilidades en los ayuntamientos y suscribir con ellos un pacto "para gestionar lo que es básico y primario: la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros polivalentes" en localidades pequeñas o rurales, continuó la diputada madrileña.

Por otra parte, Fernández señaló que la futura ley debería "ser fundamentalmente social, como lo es en toda Europa", pero también representar una oportunidad para desarrollar una buena red sociosanitaria.

Con respecto a su desarrollo, la diputada aseguró que "necesita tiempo" y que "no es barata", por lo que precisará de unos seis u ocho años para su pleno funcionamiento. "Si los alemanes han dedicado ocho años para desarrollar el sistema de la dependencia, nosotros no tenemos por qué ser menos", pues pecaríamos de "irresponsables", argumentó.

Matilde Fernández se refirió también al papel del sector privado en la puesta en marcha y en el desarrollo del futuro sistema de la dependencia y subrayó que, si bien no cree que sea negativa la intervención privada, "cualquier política del Estado del bienestar tiene que ser mayoritariamente pública".