Aunque la directiva tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo antes de su definitiva promulgación, el director general de Política Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, José Ramón González Lastra, señaló hoy en rueda de prensa que la nueva normativa impone una serie de exigencias, relacionadas con la gestión, las condiciones hidrogeológicas del terreo y la ubicación de los vertederos, que no cumplen la mayoría de los espacios españoles destinados a estos usos.

De los 14.255.923 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generaron en España en 1993, el 29,89 por ciento (más de 4 millones de toneladas) termina en vertederos que escapan al control de las autoridades, mientras que el 54,72 por ciento (casi 8 millones de toneladas) acaba en vertederos controlados.

La futura directiva comunitaria sobre vertederos impondrá exigencias que no sólo o cumplen los vertederos considerados incontrolados, sino que tampoco son respetadas en la actualidad por la mitad de los que reciben el calificativo de "controlados", por lo que éstos también deberían adaptarse.

La inversión necesaria para conseguir la adaptación de los vertederos españoles a la normativa europea, según las previsiones que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha llegado a manejar en alguna ocasión, es de unos 30.000 millones de pesetas anuales, teniendo en cuenta que el periodo e tiempo para conseguir esa adaptación podría prolongarse hasta, aproximadamente, el 2010.

No obstante, González Lastra matizó que todavía no es posible concretar cifras exactas de inversión, ya que la cantidad de residuos que se destina a los vertederos se podrá reducir durante los próximos años con la adopción de programas de recogida selectiva de materiales como los plásticos y los envases "tetra", similares a los que ya están en marcha para el papel y el vidrio, que han permitido aumentar siginifiativamente las cifras de recogida y reciclaje de estos residuos.

Las comunidades autónomas que producen mayor cantidad de residuos sólidos urbanos son Cataluña (2,4 millones de toneladas el año pasado), Andalucía (2,1 millones de toneladas) y Madrid (2 millones) y las que menos, junto a Ceuta y Melilla, La Rioja (88.019 toneladas) y Cantabria (183.875).

Las que ejercen un mayor control sobre estas basuras son Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y Navarra, y las que menos Castilla-La Mancha, Galcia y Murcia.

La materia orgánica supone el 44,09 por ciento del total de este tipo de residuos que se produce en todo el Estado, los papeles el 21,16, los plásticos el 10,57, el vidrio 6,88, los téxtiles el 4,82, los metáles férreos el 3,34, las gomas y el caucho el 1,02, la madera el 0,96, los metales no férreos el 0,78 y las pilas el 0,16.

En 1993 los materiales que más se recuperaron fueron el vidrio y el papel, fundamentalmente a través de la recogida selectiva que se realiza por medio de lo contenedores instalados en la vía pública.

RESIDUOS PELIGROSOS

Respecto a los residuos peligrosos, el último censo realizado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente indica que la producción anual asciende a 3,3 millones de toneladas, de las cuales las tres cuartas parte no reciben un tratamiento adecuado.

Las autonomías que más residuos de este tipo producen son Cataluña (816.000 toneladas), País Vasco (538.000), Asturias (525.000) y Galicia (490.800), y las que menos son Extremadura (5.00), Baleares (11.000) y La Rioja (11.150).

Una vez más, Asturias es una de las comunidades que ejerce mayor control sobre los desechos que produce, ya que la mayor parte de sus residuos peligrosos reciben un tratamiento adecuado, mientras que Cataluña sólo lo hace con 163.000 toneladas de las 653.000 que genera y Madrid no lo hace con ninguna de las 155.000 toneladas que genera.

Por sectores, la industria química, la fabricación de automóviles y la generación de productos metálicos provocan más e la mitad de los residuos peligrosos que genera anualmente España.

El director general de Política Ambiental manifestó que su departamento estudia la posibilidad de implantar un nuevo impuesto sobre uno de los productos que genera residuos peligrosos de uso más extendido como consecuencia de la utilización masiva del automóvil: el aceite.

España genera 250.000 toneladas de aceites usados al año. De esa cantidad, en 1993 sólo se recogieron 90.823 toneladas. González Lastra señaló que para el año 000 esperan incrementar la recogida hasta conseguir recuperar el 80 por ciento del total producido.

Para conseguirlo, adelantó que su departamento podría establecer el año que viene un impuesto sobre el aceite, que encarecería alrededor de 6 pesetas/kilo el precio del producto. El dinero recaudado con el impuesto, que ascendería a unos 1.000 millones de pesetas anuales, se destinaría a las empresas o instituciones que gestionan la recogida, reciclaje y desclasificación de este residuo.

Según JoséRamón González Lastra, de esta forma se podría conseguir que esas actividades no resultarán deficitarias para las sociedades y organismos que las desarrollan.

Este año, el Estado ha subvencionado con 7 pesetas el kilo de aceite desclasificado (proceso que elimina las materias tóxicas del residuo para permitir su reutilización) y 14 pesetas el kilo regenerado.