El artículo asegura que sólo un 7 por ciento de la población que habita en localidades de menos de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración y añade que la mayor parte de las depuradoras que existen en nuestro país son de tratamiento secundario, es decir, no eliminan el nitrógeno y el fósforo.

Las autoridades españolas estiman qu aplicar la normativa comunitaria sobre depuración de aguas residuales puede costarle a España entre uno y dos billones de pesetas.

La CE obliga a los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes a construir instalaciones de depuración antes del año 2000, mientras que para aquellos con más de 2.000 habitantes y menos de 15.000 el plazo finaliza en el 2005.

En nuestro país, ante las importantes inversiones que requiere la gestión del agua, la tendencia de los ayuntamientos es otorgar concesiones aempresas privadas para que estas asuman el compromiso de invertir en este servicio.

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento considera que alrededor del 26 por ciento de la población tiene sus servicios de abastecimiento gestionados por empresas privadas.