De esa cantidad, 70.853 millones de pesetas fueron abonados en indemnizaciones establecidas de mutuo acuerdo, mientras que los 3.603 millones restantes quedaron fijados por sentenias de los Juzgados de lo Social, al no haber avenencia entre las partes.

Las indemnizaciones de mutuo acuerdo aumentaron un 26,5 por ciento en relación al primer trimestre de 1990, mientras que las establecidas en las Magistraturas de Trabajo se incrementaron un 51,17 por cien.

El coste de los despidos representa una carga creciente año a año para las empresas, que prácticamente se ha duplicado desde 1985, hasta llegar a representar entre ese año y el 90 un desembolso de 1.019.308 millones de peetas.

De esa cantidad, 891.362 millones de pesetas correspondieron a indemnizaciones pactadas y 127.946 millones a las impuestas por los Juzgados de lo Social.

Las primeras alcanzaron su mayor cuantía el año pasado, con un monto de 211.221 millones de pesetas, y las segundas en 1986, cuando ascendieron a 26.168 millones.

La estabilización de las indemnizaciones fijadas judicialmente obedece a que cada vez son más las acordadas en acto de conciliación, requisito previo a la tramitación de cuaquier procedimiento de despido ante las Magistraturas de Trabajo.

A este respecto, los datos del Ministerio de Trabajo muestran que las conciliaciones individuales con avenencia registraron aumentos todos los años desde 1986. En el primer trimestre de 1991 fueron 50.406, es decir, 2.024 más que el mismo periodo de 1990.

POR COMUNIDADES

Por otra parte, en lo que se refiere a las indemnizaciones pactadas sin necesidad de procedimiento judicial, que representan más del 95 por ciento del total, la istribución por comunidades autónomas sitúa a Madrid en primer lugar.

En el primer trimestre de este año, los trabajadores despedidos en dicha región fueron compensados con un total de 19.365 millones de pesetas, por delante de los empleados en Cataluña, con 18.853 millones; y Andalucía, con 5.427 millones.

A continuación se sitúan Valencia, con 5.427 millones; País Vasco, con 4.428 millones; Castilla y León, con 2.988 millones; Canarias, con 2.967 millones; Galicia, con 2.616 millones; Aragón, cn 1.436 millones; y Castilla La Mancha, con 1.122 millones.

Ocupan los últimos lugares Baleares, con 985 millones; Asturias, con 661 millones; Cantabria, con 544 millones; Murcia, con 871 millones; Navarra, con 724 millones; Extremadura, con 656 millones; La Rioja, con 352 millones; y Ceuta y Melilla, con 81 millones.

Finalmente, es preciso señalar que estos desembolsos de las empresas no incluyen los causados por otros conflictos individuales planteados por los trabajadores (para reclamar por saciones y otras causas), que entre enero y marzo se elevaron a 5.744 millones de pesetas.

Esa cifra supone un incremento de 1.646 millones sobre el primer trimestre del 90. Eso refleja un cambio en la tendencia decreciente de este tipo de indemnizaciones, que en el conjunto de 1990, se situaron en 30.763 millones de pesetas, frente a 47.047 millones del año anterior.