En las jornadas participaron representantes de 32 colectivos diferentes, que decidieron integrarse en la Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental (Cepa).

Entre los problemas medioambientales que padece la Comunidad de Extremadura, las conclusiones destacan también la erosión generalizada de los suelos, que afecta ya a más del 40 por ciento del territorio regional, con pérdidas que superan en muchos casos las 30 toneadas de tierra fértil por hectárea.

Por lo que se refiere a la contaminación de las aguas, los ecologistas indicaron que es especialmente grave la situación de los embalses, muchos de los cuales sufren procesos de relleno acelerado y proliferación explosiva de algas, con desprendimiento de gases tóxicos que inutilizan las reservas para el abastecimiento urbano, industrial y agrícola.

Esta situación "compromete además la supervivencia de un importante patrimonio ecológico y genético de Extremadura con numerosos peces y anfibios endémicos y valiosas poblaciones de especies protegidas, amenazadas o en grave peligro de extinción".

La alteración generalizada de los paisajes tradicionales por las obras públicas realizadas "sin el menor respeto por los valores naturales y culturales", la falta de medidas eficaces para evitar los incendios forestales, los desbroces de matorrales en laderas de fuerte pendiente, la destrucción de la arquitectura popular y la proliferación de basureros incontrolados sonotras denuncias de los grupos conservacionistas.

En las conclusiones de las jornadas se denuncia igualmente la construcción de tendidos eléctricos en áreas de alto valor ecológico, las fumigaciones aéreas con pesticidas, la ocupación de cañadas y las canalizaciones de ríos.

DERROCHE DE FONDOS PUBLICOS

"El derroche de fondos públicos en actuaciones desproporcionadas, inútiles o incluso claramente negativas para la región, ejecutadas por la simple necesidad de justificar unos presupuestos o para ealizar campañas de propaganda política", son, a juicio de los grupos conservacionistas extremeños, algunas de las principales lacras para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico racional de Extremadura.

En opinión de la Cepa, el responsable último de esta situación es el Gobierno regional, fundamentalmente las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, "que están tolerando o incluso provocando el incumplimiento sistemático de la legalidad vigente".

Concretamnte, denuncian la vulneración de las leyes de Montes, Suelo, Aguas, Pesca, Caza, Patrimonio Histórico, Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.

Fuentes de la Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental afirmaron que denunciarán, por vía administrativa y judicial y ante la Comisión de las Comunidades Europeas y el Parlamento Europeo, a los funcionarios, empresas y particulares responsables de las alteraciones e irregularidades que se detecten.