Las autoridades iraníes han reprimido con extrema dureza las protestas en el país, que estallaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini el 16 de septiembre de 2022, retenida por llevar mal colocado el velo.

El 2 de noviembre, Nazanin Boniadi, actriz británica-iraní y embajadora de Amnistía Internacional Reino Unido, transmitió a funcionarios de las Naciones Unidas en Nueva York las peticiones populares de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emprenda acciones inmediatas. También entidades nacionales de Amnistía Internacional en todo el mundo han entregado peticiones a sus ministerios de Asuntos Exteriores.

“El pueblo de Irán sigue protestando valientemente y pidiendo que cese la represión generalizada y que se establezca un sistema político que respete la igualdad y defienda los derechos humanos. ¿Responderán los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al clamor de la población de Irán y de activistas del mundo entero para que se establezca urgentemente un mecanismo internacional sobre los crímenes cometidos por las autoridades iraníes?”, manifestó Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La inacción de la comunidad internacional ha envalentonado a las autoridades iraníes para intensificar su uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes: desde que comenzaron las protestas el pasado 16 de septiembre, han muerto más de 200 personas, entre ellas 30 menores. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe convocar de inmediato un periodo especial de sesiones sobre Irán para evitar nuevos crímenes de derecho internacional y nuevas violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos contra todas las personas detenidas arbitrariamente desde que las autoridades comenzaron su represión de las protestas”, agregó.

Amnistía Internacional ya ha documentado anteriormente crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades iraníes, incluidos homicidios ilegítimos causados por el uso injustificado de fuerza letal, detenciones y reclusiones arbitrarias en masa, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y condenas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios flagrantemente injustos.