Esta concentración tiene como objetivo pedir a José María Aznar su apoyo ante la falta de pago a una gran parte de las organizaciones sociales de Cantabria de las subvenciones de 1991 por parte de la Diputación Regional, gobernada por el PP, a lo que se suma la aportación "prácticamente inexistente" de las correspondientes a 1992.

"La Diputación Regional", dijo este portavoz, "debe más de 130 millones de pesetas en concepto de subveciones, lo que puede provocar el cierre de servicios y centros especializados por falta de financiación y el endeudamiento de todas las organizaciones sociales de la región".

Esta plataforma, integrada por más de 38 organizaciones cántabras, quiere conseguir el apoyo del PP a nivel nacional, ya que ha intentado todo con este partido en Cantabria sin llegar a acuerdos que obliguen al Gobierno regional, presidido por Juan Hormaechea, a cumplir la Ley de Acción Social.

"La obligación de proteger a ls personas más desfavorecidas de Cantabria", añadió, "nos obliga a acudir a Madrid el día 22, pero si no somos recibidos acudiremos también al Congreso Nacional del PP para exigir que democráticamente el PP manifieste su postura sobre nuestro problema"

Asimismo, señaló que "tenemos el apoyo y la participación de multitud de militantes y votantes del PP, y el Congreso tendrá que explicarles por qué el partido consiente que alguien desde Cantabria dé la espalda a colectivos de minusváldios, enfermos menales, personas en estado de necesidad y toxicómanos, entre otros".

La Plataforma de Organizaciones Sociales de Cantabria está dispuesta a acudir al Tribunal de Estrasburgo, ya que "no renunciará a los derecchos reconocidos en la normativa vigente para estos colectivos y procurará, con la fuerza que proporciona lo que es justo, que lo alcanzado no se deteriore, destruya o desaparezca".