Así consta en una respuesta por escrito que el Gobierno realizó a una pregunta efectuada por el PP en la que se interesaba por este particular.

En su contestación, el Ejecutivo aportó su respuesta a partir de los datos más recientes disponibles en el sistema de gestión procesal Minerva, utilizado en el “Territorio Ministerio”, que es aquel que incluye a las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de justicia y La Rioja y Asturias, que pese a tener atribuidas estas competencias utilizan el referido sistema de gestión procesal.

En ese sentido, los asuntos tramitados con el “código DT5”, en referencia a la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en 2023 ascendieron a un total de 5.204 procedimientos, de los cuales 210 se encontraban registrados, 2.198 en fase de tramitación y 2.796 terminados.

Los datos correspondientes a los años anteriores, según el sistema de gestión procesal Minerva, se sitúan en 4.636, de los que 315 fueron tramitados en 2021 y 4.322 en 2022. De ellos, 111 se encontraban registrados, 1.712 en fase de tramitación y 2.814 terminados.

Por su parte, cabe destacar que el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, con el apoyo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha puesto en marcha la impartición de un curso de formación para facilitadores procesales.