Así se deduce de los datos facilitados este lunes por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que hoy presentó una nueva edición de su informe sobre la realidad de los CIE, bajo el título ‘Diferencias que generan desigualdad’.

Según la ONG, la ley española es contraria al internamiento de aquellas personas que han pedido asilo o protección internacional. El trabajo también denuncia “malas prácticas con algunas personas que manifestaron su voluntad de solicitar esta posibilidad”, pues “en vez de facilitarles la entrevista correspondiente”, se les ofreció firmar “un documento en el que, con la puesta en libertad, constaba su renuncia al procedimiento de protección”.

Asimismo, SJM mostró su “gran preocupación por el internamiento en CIE de otros perfiles para los que no procedería esta medida” de acuerdo con la normativa, como ciudadanos de la UE o con régimen comunitario, solicitantes de protección en otros países, posibles menores, mujeres que han sufrido violencia de género y personas con largas trayectorias de arraigo.

De hecho, el informe señala que en 2022 se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad a adolescentes, de los que 11 fueron reconocidos como menores (lo cual implicó su puesta en libertad).

Hubo además 42 personas de procedencia comunitaria (ciudadanía UE) encerradas en CIE. Por sexos, solo 44 internas eran mujeres, de las que 23 solicitaron protección internacional (nueve expedientes fueron admitidos a trámite).

Los casos de personas internadas con problemas de salud de cierta entidad a los que el servicio médico-sanitario de los CIE no podía dar una respuesta adecuada --ni siquiera una derivación puntual al hospital—“revelan, a juicio de SJM, la necesidad de discernir mucho más la autorización de internamiento”.

EXPULSIONES

Según el informe, un total de 1.178 personas fueron internadas por causa de expulsión (51,76%); 1.097 por causas de devolución (48,20%), y una por denegación de entrada.

Entre las primeras, hubo 945 internos por mera estancia irregular (40,86% del total), y de los encerrados por causa de devolución, 930 habían entrado ilegalmente en España a bordo de una patera (41,52%).

En 2022, se registraron 2.402 salidas de los CIE, con 1.276 devoluciones o expulsiones (53,12%) y 1.072 puestas en libertad (44,63%). Un 29,55% de las mujeres salieron para ejecutar su retorno, mientras que el 70,45%fueron puestas en libertad.

De acuerdo con la investigación, los internamientos se extendieron durante 30,20 días por término medio (descontados los CIE de Tenerife, donde no hubo internos, y Murcia, donde los hubo apenas en el último trimestre).

El informe de SJM denuncia que los CIE son “lugares hostiles” donde las personas internas reportan “un trato degradante y vejatorio”, trabas para su denuncia e investigación y deficiencias en la atención médico-santiaria.

Por otro lado, se volvieron a registrar obstáculos de cara a las visitas y trabajos de las organizaciones de la sociedad civil en estos centros.

Un total de 185 personas internas fueron encerradas en habitaciones de separación temporal: el 38,92% por comportamiento violento, el 33,51% por covid-19, el 15,13% por amenazas o intentos de autolesión, el 7,03% por otras razones médicas y el 5,40% por otras causas que no se detallan.

Preocupan los casos de falta de atención a la salud mental de las personas internas en CIE, la cual empeora conforme se prolonga el internamiento. Según datos de Interior, el protocolo de suicidios se activó en 51 ocasiones en 2022: 27 en Madrid, 14 en Valencia, 9 en Barcelona y 1 en Murcia.

Un estudio de la Universidad de Sevilla observó casos de sintomatología ansiosa y depresiva, as e intentos de autolesiones en 7 de cada 10 personas internas entrevistadas. El 70% de estos síntomas comenzaron a raíz del internamiento

A la luz de estos datos, SJM pidió a los responsables de los programas electorales comprometerse con el cierre de estos centros y, mientras tanto, promover un cambio en su normativa para limitar el daño que causan en las personas.