Estas organizaciones sostienen que “la regeneración democrática solo es posible si se elabora de manera democrática” y expresaron su “profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración del plan”. Además, subrayaron que la participación activa de estos actores “es esencial para garantizar la transparencia y legitimidad de las reformas propuestas”.

El presidente del Gobierno, ante lo que considera como una creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de “imperativa” la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática.

Sin embargo, las entidades firmantes recogen en el manifiesto áreas en las que el Gobierno debería implementar “de manera prioritaria y urgente” medidas que organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), “han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública”.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentra reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o ‘lobbies’ en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas.

Asimismo, proponen medidas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, “evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes”.

En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23, el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones “para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía”.

El manifiesto también urge la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como “mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés”.

En cuanto a la separación de poderes, las entidades rubricantes insisten en la importancia de que “cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades”. Además, “para fortalecer la independencia del poder judicial proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial”.

Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, “combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios”.

“Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública”, afirmaron desde las organizaciones.