Según el MOC, tras haber ensayado la fórmula de represión carcelaria metiendo en la cárcel a 263 insumisos, el Gobierno se plantea ahora otra vía de castigo: la inhabilitación absoluta, que constituye, a su juicio, una manera jurídica de marginación oficial.

Fuentes del MOC indicaron que esta forma de repreión "revela la hipocresía del discurso pretendidamente rehabilitador de la legislación penal". Asimismo, critica al Gobierno por autodenominarse tolerante, cuando luego inventa formas de marginación del disidente.

En su opinión, con la penalización de la insumisión se oculta el verdadero problema: "La imposición de un servicio de armas, la institucionalización de la violencia, los intereses públicos y privados del comercio de armas y la apología y propaganda del militarismo".

Según las mismas fuetes, la insumisión se basa en el concepto de legitimidad frente al de legalidad, razón por la cual el MOC apoya la desobediencia civil como instrumento para transformar la sociedad contra el militarismo y la violencia.